Fue por el fallo de la CSJN a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación, a través de la comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT).
Durante el encuentro del 12 de julio, donde se lleva adelante el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, los testimonios estuvieron enfocados en el análisis del fallo de la CSJN a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación.
Allí, expusieron Silvina Batakis, ex secretaria de la Secretaría de las Provincias, Ministerio del Interior; Pedro Oscar Goyochea, asesor General de Gobierno de la Provincia de la Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz.
Para dar inicio a las testimoniales, en primer lugar, hizo uso de la palabra Batakis, actual titular del Banco Nación Argentina, quien explicó sobre los fondos de coparticipación a favor de la Ciudad que no encontraron ningún antecedente de los tres decretos de la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En este sentido, criticó que «el primer decreto ni siquiera establece los motivos por los cuales se aumenta el porcentaje de 1,4 a 3.75».
«La Auditoría de la Ciudad trabajó sobre las erogaciones vinculadas con la transferencia de seguridad. El informe establece que no había ningún fundamento para poder llevar al 3,75 y que había inconvenientes para acceder a la información”, agregó. Y, en tanto, puntualizó con respecto a la coparticipación: “Para poder abordar las erogaciones, la variación tendría que haber sido 0,92% y fue en exceso. Del 2.32 al 3.75 es todo el exceso que tuvo», expresó.
Al respecto, detalló que «tendría que haber venido un segundo decreto, que no es reglamentario, pero simplemente lo que hace es corregir una omisión de información y explicar por qué se había hecho ese incremento» y que «no hay ningún informe técnico ni fundamentos que explique ese paso».
En tanto, brindó testimonio Abate, Fiscal de Estado de Santiago del Estero, que señaló: «En reunión de gobernadores que se realizó en 2022, en virtud de las circunstancias que eran tratadas en esta causa se me instruyó para participar como Amicus Curiae».
A su vez, agregó: «Seríamos amigos del tribunal si lo hubiesen permitido, la primera presentación se realizó en abril 2022 porque se trataba de una causa en donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y, en tanto, se trata de derecho intra-federal», explicó.
«Todos los participantes de la coparticipación tienen interés en la misma por eso solicitábamos ser escuchados y, a través de ello, se dispone que concurra ante la Corte. Tenemos un problema con la Corte de comunicación. Evidentemente la corte ha decidido el silencio, es desidia y es un desprecio a las provincias», dijo el funcionario.
«El fallo de la Corte, como opinión técnica, es verdaderamente sorprendente en tanto suspendía la aplicación de una ley que no había sido declarada constitucional y, establecía un porcentaje arbitrario o caprichoso. A lo mejor ese porcentaje es menos o más pero no fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo», aseveró el testigo.
El testimonio de Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja, versó en torno a la figura de Amicus Curiae para participar en este proceso judicial y ser escuchados, ya que la acordada de esta figura contempla los juicios de carácter ordinario como los que se presentan en materia originaria como es este caso entre el Estado y CABA: «En Julio y diciembre de 2022 realizamos la presentación para ser amigos del tribunal y no tuvimos respuesta», apuntó.
El asesor aclaró que se tomaron dos aspectos para esa presentación uno que “tiene que ver con una naturaleza histórica” (estructura y rol de las provincias del norte) y el otro con una «cuestión de carácter jurisprudencial»: «Hemos advertido que la Corte a partir de 2017 adoptó lo que se denomina un nuevo standard en lo referido a las presentaciones de CABA, para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitir la CABA para estos juicios originarios. Desde el año 2004 la Corte Suprema de manera coherente y sistemática ha venido rechazando esa capacidad ya que les corresponde únicamente a las provincias», puntualizó.
«En el 2017 adquirió la posibilidad en el proceso judicial CABA contra Córdoba de tener esa incidencia de carácter originario. Por una ejecución fiscal CABA logra obtener esta situación de privilegio que es poder de manera originaria participar en instancias de carácter judicial. Marca un predominio de carácter jurisprudencial que en este caso ha concedido un predominio de carácter económico generando desigualdades», manifestó.
Por su parte, Denett, fiscal de Estado de Catamarca, testificó que la provincia se «apersonó sobre esta causa» al ejercer facultades de la acordada de la Corte bajo la figura de Amicus Curiae, que calificó como Uuna figura de carácter republicano que nos ha permitido incorporarnos en este proceso»: «La presentación de la provincia se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA», esgrimió.
«Nuestra parte cumplió con todos los requisitos que la propia Corte había establecido para que nosotros nos incorporemos, entre ellos, manifestar que no éramos parte en dicho proceso, que teníamos legitimación para intervenir, que el debate realmente nos interesaba y que nuestra posición jurídica era de ratificación de lo que Nación había manifestado al contestar su demanda y su correspondiente reconversión. Jamás nos contestaron, se otorgó una suma que no tenía fundamento y se violentó el federalismo de concertación», aseguró el testigo de Catamarca.
Por último, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Tanarro testificó que «entendíamos que el mecanismo de coparticipación es sumamente complejo y que cualquier decisión que se pueda tomar respecto de recursos fiscales podría incidir en las economías y finanzas de distintas provincias de una manera directa o indirecta» y añadió: «Por eso cuando tomamos conocimiento de la causa, de que se estaba pidiendo y tramitando, decidimos recurrir al instituto del Amicus Curiae para dejar sentada nuestra posición».
«Queríamos sustentar que nos presentamos en la causa 1141 por la cual se pretendía la inconstitucionalidad del decreto 735. Nosotros queríamos, a través de esta presentación, en este caso de terceros ajenos a las partes en el conflicto; la idea era argumentar respecto a la constitucionalidad para nosotros del artículo 735 y de la importancia de que se mantuviera la ley 27.606 vigente porque cualquier otra situación podía influir en la finanzas de las provincias», enfatizó el fiscal.
Al comienzo de la reunión, se aprobó la solicitud del diputado Rodolfo Tailhade (FdT) de convocar a Alejandro Otero, actualmente funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y quien había elaborado un estudio sobre el reparto de recursos coparticipables, exponiendo en el Senado, a declarar ante la Comisión.
La Comisión retomará la agenda sobre tema coparticipación este martes 1 de agosto.
